
Foto: Paloma Ucha
David Osimo presume de una dilatada experiencia en políticas de innovación a nivel europeo. En Internet Meeting Point ha hablado de la web 2.0 en la administración pública y cómo puede cambiarla.
-Los ciudadanos ya realizan determinados trámites ‘on line’. ¿Se impondrá esta vía en detrimento del servicio presencial, eliminando burocracia innecesaria?
-Hay dos cosas. Todos los trámites estándar se transfieren en digital. Lo que pasa en Gijón no es lo habitual, no todos son como aquí, y esto es un problema. Por otra parte, si se facilita el trabajo ‘on line’, tiene que estar hecho muy bien, porque sino a la gente no le interesa. Y además, ha de potenciarse que los ciudadanos puedan hablar entre sí.
-¿Cuál es la postura europea al respecto? ¿Existen unas máximas a seguir u observa profundas diferencias según el lugar?
-No hay una política europea sobre 2.0, la Unión Europea tiene un papel fundamental en la reutilización del dato público y ha hecho un esfuerzo por la transparencia. Pero no hay ninguna política proactiva y sí diferencias enormes entre países.
-En este sentido, ¿tenemos mucho que envidiar a un francés, un inglés o un alemán?
-El Reino Unido está más adelantado, asimismo se hace un trabajo interesante en Holanda y en España también, veo muchas realidades y el nivel español es relativamente alto. A un inglés sí tenéis que envidiar, a los demás no.
-La web 2.0 es la panacea de la sociedad o hemos de esperar nuevos modelos mejores con más opciones de integración e interacción entre ciudadanos y administraciones?
-Absolutamente no, la web 2.0 tiene algunas cosas importantes, como un cambio cultural, pero no sé si va a durar. Pero esto no es un tema de webs, es un cambio generacional. Es un tema sociológico. Es difícil decir ahora si éste es el futuro o una moda del momento, pero se está consolidando.
-¿Y ese cambio cultural desde dónde tendría que darse?
-Por un lado, es una cosa generacional y hay que esperar. Es lento, pero inevitable. Aunque hay otro asunto: el funcionario que no tiene ningún incentivo no cambia, pero ahora el ciudadano que es tratado mal se queja en internet, y el funcionario toma nota de ello. Todo está público, y esto crea el cambio cultural.
-¿Nos sale cara la implantación de toda esta infraestructura?
-Para nada. El coste tecnológico es casi cero, el gasto verdadero, y éste es el problema, es en personas, porque la 2.0 necesita tiempo que dedicarle, y esto no es siempre posible.
-¿Qué opina de aquellos sectores de la población que, por factores de falta de educación digital o de recursos son ajenos al avance de los servicios en internet? ¿Ha de convertirse en un derecho dicho acceso?
-Seguro que la división digital está creciendo, porque los que no tienen acceso están perdiendo mucho más. No es sólo la división digital, sino también social. Estamos en la edad de la complejidad, los ricos se hacen aún más ricos, los cultos se hacen más cultos y hay otra parte que está excluida. La educación es fundamental. Si hay una recomendación, es invertir no en tecnología, sino en la escuela pública.
-Ha puesto en marcha una iniciativa denominada ‘Open Declaration’. ¿En qué consiste?
-En noviembre se sentarán las bases para los próximos tres años respecto a e-Government y queremos hacer una declaración abierta de los ciudadanos. Es el poder de la opinión pública y, si no es escuchada, se paga un precio.